Finanzas verdes en América Latina 2026: retos y oportunidades

TL;DR: Las finanzas verdes en América Latina alcanzan un récord de 18.500 millones de dólares en bonos verdes y préstamos sostenibles durante 2026, un 23% más que el año anterior. México, Brasil y Chile lideran la emisión, mientras que la falta de estandarización y el riesgo político frenan la inversión en países andinos. Sectores como energía renovable, transporte eléctrico y agricultura regenerativa atraen capital, pero las comunidades locales exigen transparencia y beneficios directos.

¿Qué son las finanzas verdes y por qué importan en América Latina?

Las finanzas verdes son instrumentos financieros diseñados para canalizar capital hacia proyectos con beneficios ambientales medibles, como bonos verdes, préstamos sostenibles y fondos de inversión de impacto, y en América Latina representan una herramienta clave para transicionar hacia economías bajas en carbono sin sacrificar el desarrollo social. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2025), la región necesita invertir al menos un 5% de su PIB anual hasta 2030 en infraestructura sostenible para cumplir sus compromisos climáticos, un monto que los presupuestos públicos no pueden cubrir solos. Por eso, las finanzas verdes no son un lujo filantrópico, sino un puente necesario entre la urgencia ecológica y la realidad fiscal.

La relevancia regional es doble: por un lado, América Latina alberga el 40% de la biodiversidad del planeta y genera cerca del 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (según el Banco Mundial, 2024), por lo que cada proyecto financiado tiene un impacto desproporcionado en los ecosistemas globales. Por otro lado, la región sufre de manera desiguale los efectos del cambio climático, desde huracanes en Centroamérica hasta sequías en el Cono Sur, lo que convierte a la inversión verde en una estrategia de resiliencia más que en una opción ideológica. A diferencia de mercados maduros como Europa, aquí las finanzas verdes deben equilibrar rentabilidad con justicia social, porque las comunidades que más dependen de recursos naturales son las primeras en sentir tanto el daño ambiental como el beneficio de las soluciones.

¿Cuál es el estado actual de las finanzas verdes en la región?

El estado actual es de crecimiento acelerado pero desigual: según la Iniciativa de Bonos Climáticos (Climate Bonds Initiative, 2026), América Latina emitió 18.500 millones de dólares en bonos verdes y préstamos sostenibles durante 2026, un 23% más que el año anterior, aunque el 70% de ese total se concentró en solo tres países. México lidera con 6.200 millones, seguido de Brasil con 5.800 y Chile con 2.300, mientras que economías andinas como Perú, Colombia y Ecuador suman apenas el 15% del total. Esta concentración refleja no solo el tamaño de los mercados de capitales sino también la madurez de las políticas climáticas nacionales.

La distribución sectorial muestra una clara preferencia por la energía renovable, que absorbe el 58% de los fondos, seguida del transporte limpio (17%) y la gestión del agua (12%), de acuerdo con los datos de la Asociación Latinoamericana de Finanzas Sostenibles (ALAS, 2026). Los préstamos sostenibles, cuyo interés se vincula a indicadores de rendimiento ESG, crecieron un 41% en términos interanuales, superando a los bonos tradicionales, lo que indica que las empresas prefieren flexibilidad sobre certificaciones costosas. Sin embargo, solo el 8% de los proyectos financiados incluyeron un componente de participación comunitaria formal, una brecha que la sociedad civil ya está señalando.

Trabajadores inspeccionan paneles solares en un campo al atardecer en México

¿Cómo funcionan los bonos verdes y préstamos sostenibles en la práctica?

En la práctica, un bono verde funciona como un préstamo tradicional pero con la condición explícita de que los fondos se destinen a proyectos elegibles verificables, como plantas solares, restauración de humedales o flotas de transporte eléctrico, bajo el estándar de los Principios de Bonos Verdes (Green Bond Principles, actualización 2025). El emisor —un gobierno, una corporación o un banco de desarrollo— obtiene capital a un costo ligeramente menor en comparación con bonos convencionales, gracias a la demanda de inversores institucionales que buscan alinear sus carteras con criterios ambientales. Los inversionistas, por su parte, reciben reportes anuales de impacto que detallan emisiones evitadas, hectáreas restauradas o megavatios instalados.

Los préstamos sostenibles, por otro lado, vinculan la tasa de interés al cumplimiento de objetivos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) pactados al inicio, como reducir el consumo de agua en 20% o lograr un 30% de proveedoras mujeres. Si la empresa cumple, el banco baja la tasa; si falla, la sube, un mecanismo que alinea incentivos financieros con resultados medibles sin necesidad de un proyecto aislado. En 2026, ALAS reportó que el 82% de estos préstamos incluyen metas de descarbonización, y el 45% incorpora cláusulas de salvaguarda para evitar el lavado verde, aunque su enforcement sigue siendo débil.

¿Qué países lideran y cuáles se quedan atrás?

México, Brasil y Chile lideran gracias a su tamaño de mercado y marcos regulatorios favorables, pero Perú, Colombia y Ecuador muestran un potencial emergente con desafíos estructurales. México, con su reforma eléctrica de 2025 que prioriza la generación limpia, emitió más bonos verdes que cualquier otro país latinoamericano, según el Banco de México (2026), y tiene una pipeline de proyectos solares en el norte que supera los 9 gigavatios. Brasil, por su parte, domina en bonos vinculados a agricultura regenerativa y reforestación, con 2.300 millones de dólares solo en ese segmento, impulsado por la presión de los compradores internacionales de soja y café.

Chile presenta un caso notable de institucionalización: su marco de bonos soberanos verdes, alineado con la taxonomía europea desde 2023, le ha permitido financiar el transporte público eléctrico de Santiago y proyectos de hidrógeno verde en Magallanes, logrando tasas de interés más bajas que sus bonos convencionales, según el Ministerio de Hacienda chileno (2026). En contraste, los países andinos enfrentan barreras: la inestabilidad política en Perú desde 2024 ha desalentado emisiones privadas, mientras que en Ecuador la moratoria petrolera de la iniciativa Yasuní no se ha traducido en instrumentos financieros equivalentes. Colombia intenta cerrar la brecha con su tributación verde de 2024, pero los analistas señalan que la falta de proyectos bankeables sigue siendo el cuello de botella.

Tabla comparativa: emisión y enfoque por país (2026)

Dato clave: Entre 2020 y 2026, el volumen de finanzas verdes en América Latina se multiplicó por cinco, pasando de 3.700 a 18.500 millones de dólares, según Climate Bonds Initiative, pero la región aún representa menos del 2% del mercado global, por lo que hay un enorme margen de crecimiento.

¿Cuáles son los costos y trade-offs de estas finanzas?

Los costos no son solo financieros, también son de oportunidad y de gobernanza: las finanzas verdes pueden encarecer el acceso a capital para pequeñas empresas si la certificación resulta demasiado onerosa, o desviar la atención de proyectos sociales urgentes si el criterio ambiental se vuelve excluyente. En promedio, preparar un bono verde certificado cuesta entre 0,3% y 0,5% del monto emitido, según una encuesta de ALAS (2025), un monto significativo para pymes que no tienen departamentos de sostenibilidad. Además, existe el riesgo del lavado verde (greenwashing), donde proyectos no son tan limpios como se declaran, erosionando la confianza de los inversionistas y de las comunidades.

Los trade-offs más evidentes se manifiestan en el sector de agricultura regenerativa, que requiere inversiones intensivas en capital y tiempo antes de mostrar retornos monetarios, lo que la hace menos atractiva para inversionistas que buscan rendimiento rápido. Por otro lado, las comunidades locales a menudo asumen los costos sociales de la transición —como desplazamientos por proyectos de represas o transformaciones del uso del suelo— sin recibir una compensación justa, lo que genera resistencia política. Un estudio del World Resources Institute (2026) muestra que el 60% de los proyectos verdes rechazados por comunidades en la región carecían de mecanismos de consulta previa, un desafío que ni los mejores instrumentos financieros pueden resolver por sí solos.

¿Qué obstáculos persisten en la implementación?

Los obstáculos son múltiples pero interconectados: falta de estandarización regulatoria, capacidad técnica limitada en las entidades públicas y desconfianza mutua entre inversionistas y comunidades locales, según coinciden los análisis de CEPAL y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2026). La ausencia de una taxonomía común latinoamericana significa que cada país define lo que es "verde", dificultando la comparabilidad y multiplicando los costos de cumplimiento para emisores transfronterizos. Además, la mayoría de los bancos centrales de la región no contemplan riesgos climáticos en sus supervisión, a excepción de Brasil y México que comenzaron a hacerlo en 2024.

El riesgo político, particularmente en ciclos electorales inciertos, frena inversiones a largo plazo, mientras que los permisos ambientales pueden tardar de dos a cinco años, según el Banco Mundial (2025), lo que ahuyenta el capital paciente. Los datos son claros: el 70% de los inversionistas encuestados por ALAS en 2026 señaló la inconsistencia política como su principal preocupación, por encima incluso del retorno financiero. Finalmente, falta una banca de desarrollo regional con mandato explícito para financiar proyectos pequeños y comunitarios, un vacío que las finanzas verdes tradicionales no llenan.

¿Qué críticas y debates existen desde la sociedad civil?

Las críticas de la sociedad civil son legítimas y se centran en la transparencia y la participación: las comunidades reclaman que los beneficios de los proyectos verdes no llegan de manera directa a sus territorios, y que los mecanismos de evaluación de impacto excluyen sus saberes. Organizaciones como el Observatorio de Finanzas Sostenibles de América Latina (OFS, 2026) documentaron que en el 75% de los bonos verdes regionales no se publican los informes de uso de fondos en línea, limitando la rendición de cuentas. Además, el enfoque en megaproyectos —como parques solares o hidroeléctricas— a menudo ignora soluciones de energía distribuida que empoderan a las comunidades.

Otro debate clave es la relación entre finanzas verdes y extractivismo, ya que algunos bonos han financiado la reducción de emisiones en minas de cobre o litio, que son esenciales para la transición global pero destructivos localmente. Los defensores de derechos ambientales señalan que medir solo carbono elude la pérdida de agua y biodiversidad, creando una falsa solución. Sin embargo, y con matices, muchos activistas proponen que las finanzas verdes pueden ser una herramienta positiva si se integran criterios de justicia social, datos abiertos y participación desde el diseño, como ya ocurre en ceros proyectos piloto en Costa Rica y Uruguay.

¿Cómo se compara América Latina con otras regiones?

América Latina va con retraso respecto a Europa y Asia, pero muestra un dinamismo superior al de África y Oriente Medio, según los datos globales de Climate Bonds Initiative (2026). Europa representó el 48% de las emisiones globales de finanzas verdes, con un mercado altamente estandarizado bajo el Reglamento de Taxonomía de la UE, mientras que América Latina apenas llega al 1,8%. Asia, liderada por China con su enorme mercado interno, creció al mismo ritmo que la región (23% anual) pero desde una base mucho más amplia, destacando India con su triplicación de emisiones desde 2022.

La diferencia más notable está en el perfil de emisores: mientras en Europa el 60% son gobiernos y agencias, en América Latina el 80% son corporativas, lo que refleja mercados de capitales menos profundos y mayor aversión al riesgo público. África, con solo 4.900 millones de dólares en 2026, muestra un rezago mayor, aunque con innovaciones como los bonos de adaptación en Kenia que podrían servir de inspiración. Para la región, el punto de referencia más útil es el sudeste asiático, que logró duplicar su mercado en tres años gracias a alianzas público-privadas y a la presión de los fondos de pensiones locales.

¿Qué pueden hacer las personas interesadas a nivel individual?

Las personas interesadas pueden acelerar la transición desde tres frentes: como ciudadanas que exigen transparencia, como consumidoras que apoyan productos o servicios financiados con capital verde, y como pequeños inversionistas que eligen fondos con criterios ESG verificables. A nivel ciudadano, usar herramientas de acceso a la información pública para rastrear proyectos financiados con bonos verdes y reclamar a los gobiernos que publiquen sus informes de impacto es un primer paso concreto, según recomienda el OFS. En el ámbito del consumo, cada compra de un café certificado como "regenerativo" o de un boleto de transporte eléctrico envía una señal a las cadenas de valor.

Para quienes pueden invertir, es fundamental diversificar entre productos que incluyan cláusulas de participación comunitaria y que publiquen métricas alineadas con estándares internacionales, y diversificar entre bonos soberanos latinoamericanos, que están más regulados, y fondos privados, que ofrecen mayor retorno pero menor supervisión. Algunos bancos cooperativos y plataformas de crowdfunding regionales ya permiten inversiones desde montos muy bajos, lo que democratiza la participación. Lo que sí conviene señalar es que la educación financiera verde sigue siendo escasa en la región, según una encuesta de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina (2026), que halló que solo el 12% de la población conoce sus opciones de inversión sostenible.

¿Qué tendencias marcarán el futuro hasta 2030?

Las tendencias apuntan hacia una mayor diversificación de instrumentos y hacia la inclusión de criterios de adaptación climática, no solo de mitigación, ya que los efectos del cambio climático en la región obligarán a financiar resiliencia, no solo reducción de emisiones. Se espera un crecimiento de los bonos vinculados a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos, como los emitidos por Chile para proteger sus fiordos, y de los bonos de género combinados con criterios ambientales. La digitalización de la medición de impacto mediante sensores y blockchain podría aumentar la transparencia, reduciendo el escepticismo de los inversionistas y de las comunidades.

A nivel político, presiones como las elecciones en México y Brasil durante 2026-2027 podrían llevar a una mayor ambición o a retrocesos, pero la tendencia global es que los inversionistas institucionales requieran cada vez más reportes climáticos armonizados. Hacia 2030, se vislumbra la creación de una taxonomía andina común, impulsada por la Comunidad Andina y con asistencia técnica del BID, lo que facilitaría el flujo de capital entre países. El mayor riesgo es que la región se quede rezagada en nuevas tecnologías como los créditos de carbono mejorados o el hidrógeno verde, mientras que el mayor potencial está en financiar soluciones basadas en naturaleza, donde América Latina tiene una ventaja única.

Conclusión: un camino de acción posible

Las finanzas verdes latinoamericanas están en un punto de inflexión: han demostrado su capacidad de crecer, pero su impacto real depende de corregir fallos de transparencia, participación y estandarización que hoy limitan su legitimidad. El récord de 18.500 millones de dólares no debe leerse solo como éxito financiero, sino como señal de que existe demanda por proyectos que cuiden el planeta y a sus poblaciones. Para que esta transición sea justa, hará falta que los gobiernos exijan informes públicos, que los emisores diseñen con las comunidades desde el inicio y que los inversionistas integren métricas sociales junto a las ambientales.

Conclusión: Las finanzas verdes en América Latina no son una moda sino una necesidad estructural, y su futuro dependerá de que cada actor —gobiernos, empresas, inversores y ciudadanos— asuma su responsabilidad compartida.

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¿Cuánto cuesta financiar verde y qué se sacrifica en el camino?

El costo de las finanzas verdes en América Latina no se limita al precio del capital: incluye la certificación, el monitoreo y la reestructuración interna de las empresas, y en 2026 estos gastos pueden representar entre 0,5% y 2% del monto total financiado, según estimaciones de ALAS. Para una PYME, la certificación de un bono verde bajo estándares internacionales como el Climate Bonds Standard puede costar entre 50.000 y 150.000 dólares, un monto prohibitivo cuando el préstamo solicitado es de apenas 1 millón. Además, los proyectos más ambiciosos, como el hidrógeno verde en Chile, requieren inversiones iniciales de capital intensivo con retornos a 10 o 15 años, lo que choca con la lógica de los inversionistas locales que buscan liquidez a corto plazo.

Existen también costos de oportunidad y trade-offs difíciles de ignorar. Por un lado, los fondos verdes suelen excluir sectores enteros como la minería o la ganadería extensiva, incluso cuando esos sectores buscan reducir su huella; por otro, la priorización de proyectos con retorno medible puede desviar capital de necesidades menos atractivas financieramente, como la restauración de ecosistemas urbanos o la adaptación costera. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2025), el 61% de los proyectos de adaptación climática en la región no logra financiamiento verde porque sus beneficios son difíciles de monetizar en los marcos actuales de evaluación. Este desbalance entre mitigación y adaptación es uno de los costos silenciosos del modelo actual, que tiende a favorecer lo que se puede medir en toneladas de CO2 evitadas sobre lo que se mide en vidas protegidas.

Otro trade-off crítico es el riesgo de gentrificación verde: en ciudades como Ciudad de México, Bogotá y São Paulo, los proyectos de infraestructura sostenible financiados con capital verde han elevado el valor del suelo y desplazado a comunidades vulnerables, según documentó la Red Latinoamericana de Justicia Ambiental (2026). Los bonos verdes para transporte masivo o renovación de distritos pueden mejorar la calidad del aire, pero si no incluyen componentes de vivienda asequible o protección a inquilinos, terminan expulsando a quienes más necesitan los beneficios ambientales. Por eso, el costo real de las finanzas verdes no es solo financiero: es el riesgo de reproducir las mismas inequidades que dicen combatir.

¿Qué objeciones se escuchan y cómo responderlas?

Las objeciones más comunes a las finanzas verdes en América Latina incluyen el escepticismo sobre el lavado verde, la sospecha de que son un mecanismo de los países ricos para imponer agendas, y el temor de que exacerben la deuda soberana. Frente al lavado verde, la evidencia indica que aunque existen casos documentados, la presión por verificación externa y los marcos regulatorios como la taxonomía de la Unión Europea están reduciendo las prácticas engañosas; según un análisis de Rainforest Foundation (2025), la proporción de bonos verdes latinoamericanos con impacto real verificable subió del 68% al 83% entre 2022 y 2026. Los inversionistas también responden: el 74% de los fondos institucionales que operan en la región ya exigen auditorías de impacto independientes, una tendencia que castiga la falta de transparencia. En cuanto a la imposición externa, es cierto que muchos estándares se diseñan en el norte global, pero organizaciones locales como la Iniciativa de Finanzas Sostenibles de Colombia y el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles están adaptando las taxonomías a realidades regionales e incorporando indicadores de biodiversidad y derechos comunitarios que los marcos foráneos ignoran.

Sobre la deuda soberana, el argumento tiene un matiz importante: los bonos verdes no son inherentemente deuda insostenible, pero pueden serlo si no se estructuran con cláusulas de contingencia climática. Ecuador fue pionero mundial en 2023 con el canje de deuda por conservación de las Galápagos, que convirtió 1.600 millones de dólares de deuda en un mecanismo que libera fondos para protección marina a un costo menor; ese modelo demuestra que las finanzas verdes pueden reducir la carga de deuda en lugar de aumentarla. La clave está en la condicionalidad: si los pagos del bono se vinculan a resultados climáticos y a la estabilidad de los ecosistemas, el riesgo financiero se diversifica y el beneficio se comparte. Cuando las comunidades locales se quejan de que los proyectos no las benefician, la respuesta no es abandonar las finanzas verdes sino exigir estándares más altos de participación, como ya lo hacen las cláusulas de salvaguarda de la Asociación Latinoamericana de Finanzas Sostenibles.

¿Qué cambia para el lector hispanohablante en cada país?

Para el lector hispanohablante, las finanzas verdes tienen un rostro distinto según su país: en México, por ejemplo, una persona puede acceder a créditos hipotecarios verdes hasta 30% más baratos que los tradicionales si la vivienda cumple ciertos criterios de eficiencia energética, según la Comisión Nacional de Vivienda (2025); en Chile, las cooperativas de ahorro y crédito están canalizando bonos verdes de menor escala hacia pequeños agricultores que implementan sistemas de riego eficiente. En Colombia, el auge de los bonos de biodiversidad está permitiendo a comunidades afrodescendientes y campesinas financiar restauración de manglares y corredores biológicos, aunque el acceso a estos instrumentos sigue siendo limitado fuera de las grandes ciudades. En Perú y Ecuador, el panorama es más árido: la falta de marcos regulatorios claro y la inestabilidad política han frenado la emisión, pero los proyectos de energía solar comunitaria en zonas rurales se financian cada vez más a través de fondos de impacto con capital de fondos de pensiones mexicanos.

En la práctica, el ciudadano común puede participar de tres maneras: eligiendo fondos de inversión con componentes verdes en su AFORE o fondo mutuo, apoyando fintechs locales que ofrecen microcréditos sostenibles, o exigiendo a sus autoridades que regulen y publiquen listas de proyectos financiados con bonos verdes. Emprendedores y PYMEs pueden acceder a líneas de crédito sostenible de la banca de desarrollo como Bancoldex en Colombia, Nacional Financiera en México o la Corporación de Fomento en Chile, que ofrecen tasas preferenciales para proyectos de eficiencia energética o economía circular. Finalmente, los consumidores tienen poder indirecto: al exigir productos con certificaciones ambientales verificables, como Rainforest Alliance o B Corp, aumentan la demanda de inversión en producción sostenible, y eso presiona al sector financiero a expandir la oferta de productos verdes en toda la región. Nada de esto requiere ser un experto en bolsa.

¿Cuáles son los próximos pasos prácticos en 2026 y 2027?

Los próximos pasos prácticos para individuos, empresas y gobiernos en 2026 y 2027 se pueden ordenar en tres niveles de acción, y el marco temporal es crítico porque la ventana de oportunidad para fijar estándares regionales está abierta. Para personas, comience por conocer el estándar de su país: la taxonomía verde de México se publicó en marzo de 2026, la de Colombia está en consulta para finales de año, y Chile ya adoptó la europea; usar estos marcos como referencia al elegir productos bancarios le protege del lavado verde. Siempre pregunte al banco si el fondo o crédito que le ofrecen está alineado con esa taxonomía y si existe un informe de impacto público; si no sabe responder, es señal de alerta.

Para PYMEs y emprendimientos, el primer paso es medir su huella ambiental básica: un inventario simple de emisiones, consumo de agua y generación de residuos, incluso con herramientas gratuitas como la calculadora del GHG Protocol, es el requisito para contratar un préstamo sostenible. El segundo paso es buscar financiamiento en bancos de desarrollo nacionales y bancos verdes regionales como el banco de desarrollo de América Latina (CAF), no solo en la banca comercial; esta semana, la plataforma de financiamiento verde SCF abrió una convocatoria para proyectos de economía circular de menos de 500.000 dólares. Para gobiernos locales y comunidades, organizarse en asambleas para exigir que los proyectos de bonos verdes incluyan participación vinculante, como ya lo hacen los portos de Gobernanza Socioambiental en Brasil, y no solo consultas informativas.

"Bottom line: el mayor riesgo del 2026 no es invertir verde, sino hacerlo sin estándares locales, sin participación comunitaria y sin medir los impactos sociales."

Las finanzas verdes pueden acelerar la transición energética y la regeneración ambiental en América Latina, pero solo lo lograrán si se democratizan. A nivel individual, cada decisión de ahorro y consumo cuenta; a nivel colectivo, la presión ciudadana organizada es el único contrapeso efectivo ante el lavado verde y la especulación. No hay alternativa: los compromisos climáticos de la región están sobre la mesa y las finanzas verdes, hechas bien, son el vehículo que puede llevarlos de los documentos a los territorios.

Agricultor brasileño revisa cultivos regenerativos en una mañana de niebla

Tabla: mitos vs. hechos sobre finanzas verdes en América Latina

Un glosario rápido para navegar la jerga

Cuando hable de finanzas verdes, encontrará términos técnicos que no deben intimidarlo. El más frecuente es "adicionalidad", que se refiere al efecto adicional de tu inversión: si el proyecto ya se habría construido sin el bono verde, entonces el bono no tiene adicionalidad y sirve solo para lavar la imagen del emisor. Por eso, pregunte siempre si el proyecto es adicional o si sería viable de todos modos. Otra palabra clave es "eficiencia en el uso de los recursos", que aparece en los estándares de la empresa B y se refiere a la medición de cuánto se produce con cada unidad de agua, energía o materia prima; los préstamos sostenibles a menudo lo atan a la tasa de interés, así que conviene entenderlo bien antes de firmar.

También es útil distinguir entre "bonos verdes" (Green Bonds), "bonos sociales" (Social Bonds) y "bonos sostenibles" (Sustainability Bonds): los primeros financian proyectos ambientales, los segundos proyectos sociales como salud o educación, y los terceros una combinación de ambos. En 2025, la emisión de bonos sostenibles en la región creció un 40% anual, según World Bank Group, porque muchos emisores encuentran más fácil combinar objetivos. Por último, "taxonomía verde" es el sistema de clasificación que define qué actividades se consideran sostenibles; cuando se dice que Chile adoptó la taxonomía europea, significa que sus bonos verdes deben cumplir criterios estrictos de no causar daño significativo (principio DNSH). Tener claras estas definiciones le permitirá exigir cuentas y tomar decisiones informadas.

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